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Apuntes de Hacienda Pública (Grado en Derecho)

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Introducción

La Hacienda Pública tiene por objeto el análisis del comportamiento del Sector Público, el cual puede ser analizado desde muy diferentes perspectivas. De este modo, y atendiendo precisamente a cuál haya sido la metodología que en cada caso se haya seleccionado, se puede hablar de un enfoque sociológico, político, histórico, jurídico, económico… del Sector Público.
Pues bien, de todos esos posibles enfoques es este último, el económico, el que da razón de ser a la
asignatura de Hacienda Pública del segundo cuatrimestre del segundo curso del Grado en Derecho de la
UNED, lo cual es lo mismo que afirmar que el alumno de Derecho se encontrará ante una disciplina de
naturaleza económica, es decir, en la que se utilizarán los métodos y técnicas que son propios del
análisis económico.

Una afirmación como la anterior, decir que una asignatura del plan de estudios del Grado en Derecho es de
naturaleza económica, viene a ser prácticamente equivalente a obtener de una buena parte de los alumnos
que cursan estos estudios un rechazo a priori de la misma. Y ello fundamentalmente porque los estudiantes
de Derecho suelen considerar estas materias como algo ajeno, como algo que no tiene sentido estudiar en
su Grado.

Ante esa impresión -que se cree contrastada- parece adecuado volver a recordar al alumno algunas de las cuestiones que se recogían en la Presentación de la Guía de la asignatura de Economía Política del Grado en
Derecho en la UNED con respecto a las asignaturas con enfoque económico en las facultades de Derecho.
En dicha Guía se indicaba, entre otras cuestiones, lo siguiente: La Economía se ha convertido en nuestros
días en un componente fundamental del lenguaje cotidiano, de los debates de la opinión pública, de los
problemas que afectan de forma muy significada a la sociedad. De acuerdo con esto, las reflexiones sobre la
inflación y el desempleo, las cotizaciones de las monedas y de las empresas, la evolución de la demanda en
tal o cual mercado, las crisis de la oferta en otros, el poder de los monopolios, las dificultades de
financiación de la Seguridad Social, la elevación o reducción de algunos impuestos, el aumento o
disminución de determinados gastos públicos y tantos otros aspectos de naturaleza económica se
encuentran hoy permanentemente presentes en los titulares de la prensa o en las tertulias de amigos, en
definitiva, en todos los ámbitos de la sociedad.

Tan sólo por ello, cualquier ciudadano formado (y máxime cualquier universitario) debe conocer el significado
de los conceptos que se manejan en la “jerga” de los economistas, el funcionamiento de las instituciones
económicas básicas, las explicaciones de los fenómenos económicos más relevantes, la actuación
económica del Sector Público.

Por otra parte, en la formación de un futuro jurista la economía ocupa un lugar cada vez más relevante. Así
lo han entendido las Universidades españolas que, como en casi todos los países desarrollados, han
incrementado el peso de las materias económicas y han consolidado titulaciones en las que la formación en
disciplinas estrictamente jurídicas se complementa con un buen número de asignaturas económicas y dentro
de estas, de un modo muy especial, en aquellas que centran su análisis en la actuación del sector público.
Esta misma tendencia se observa en los estudios de posgrado dirigidos a alumnos con formación jurídica. En
efecto, y desde la consciencia de que es necesario profundizar en esas materias para su futuro profesional,
la mayor parte de los másteres profesionales de calidad que dominan el mercado refuerzan la formación en
aspectos económicos.

Por otra parte, los licenciados en Derecho (y en el futuro será igual para los graduados) que intentan
encontrar un puesto de trabajo de nivel superior en las Administraciones Públicas comprueban que la mayor
parte de las “oposiciones” y demás procesos de selección que se convocan a tal fin incluye un buen número
de temas económicos y que dentro de éstos tienen especial importancia cuantitativa los que hacen
referencia a la actividad económica del Sector Público.




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